Mucho más que unos pactos que ahora cumplen 30 años
Los Pactos de la Moncloa fueron los acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa durante la transición española el 25 de octubre de 1977 entre el Gobierno de España de la legislatura constituyente, presidido por Adolfo Suárez, los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y las asociaciones empresariales y el sindicato Comisiones Obreras, con el objetivo de procurar la estabilización del proceso de transición al sistema democrático, así como adoptar una política económica que contuviera la galopante inflación que alcanzaba el 47%.
La coyuntura económica era grave después de que la crisis del petróleo de 1973 alcanzara de lleno a España -a la que no había afectado tan rápidamente como a los países europeos consideraros aliados de Israel por la OPEP-: el paro -que durante el franquismo quedaba ocultado por la emigración a Europa, que ahora en crisis no aceptaba, produciéndose en cambio el retorno de los emigrantes-, la inflación había superado la frontera del 40% a mediados del año 1977, y se temía la posibilidad de alcanzar cifras de verdadera hiperinflación, como las que posteriormente sufrieron los países iberoamericanos. Se hablaba de fuga de capitales desde los últimos años del franquismo. Los empresarios, acostumbrados al corporativismo y al intervencionismo que presidía las relaciones económicas y sociales durante el franquismo, recelaban de la nueva situación política y de los nuevos interlocutores sociales, los sindicatos de clase, que exhibían una retórica reivindicativa que, según como fuera entendida, a veces era tomada por revolucionaria.
Con anterioridad, Adolfo Suárez había sostenido conversaciones con Felipe González y Santiago Carrillo, después de constituirse las Cortes Generales tras las elecciones del 15 de junio, con el fin de sondear la posibilidad de un acuerdo de estabilidad, dado que el gabinete carecía de mayoría absoluta. Además, las Cortes no se habían planteado como constituyentes, y esa era la intención de la oposición y de una parte significativa de miembros de la Unión de Centro Democrático, partido del gobierno.
Al mismo tiempo, Suárez encargó al Ministro de Economía y Hacienda, Enrique Fuentes Quintana, que tratase la posibilidad de un acuerdo marco con los nuevos sindicatos legalizados, UGT y CCOO, para evitar el alto nivel de conflictividad social. La UGT rechazó el acuerdo, así como también algunas secciones sindicales de Comisiones Obreras.
En el terreno político se acordó modificar las restricciones de la libertad de prensa, quedando prohibida la censura previa y dejando al poder judicial las decisiones sobre la misma; se modificó la legislación sobre secretos oficiales para permitir a la oposición el acceso a la información imprescindible para cumplir sus obligaciones parlamentarias; se aprobaron los derechos de reunión, de asociación política y la libertad de expresión mediante la propaganda, tipificando los delitos correspondientes por la violación de estos derechos; se creó el delito de tortura; se reconoció la asistencia letrada a los detenidos; se despenalizó el adulterio y el amancebamiento; se derogó la estructura del Movimiento Nacional, así como otras medidas sobre la restricción de la jurisdicción penal militar.
En materia económica se reconoció el despido libre para un máximo del 5 por 100 de las plantillas de las empresas, el derecho de asociación sindical, el límite de incremento de salarios se fijó en el 22% (inflación prevista para 1978), se estableció una contención de la masa monetaria y la devaluación de la peseta (fijando el valor real del mercado financiero) para contener la inflación; reforma de la administración tributaria ante el déficit público, así como medidas de control financiero a través del Gobierno y el Banco de España ante el riesgo de quiebras bancarias y la fuga de capitales al exterior.
Los firmantes fueron finalmente Adolfo Suárez en nombre del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo (por UCD), Felipe González (por el Partido Socialista Obrero Español), Santiago Carrillo (por el Partido Comunista de España), Manuel Fraga (por Alianza Popular), Enrique Tierno Galván (por el Partido Socialista Popular), Josep María Triginer (por el Partido Socialista de Cataluña), Joan Reventós (por Convergencia Socialista de Cataluña), Juan Ajuriaguerra (por el Partido Nacionalista Vasco) y Miquel Roca por Convergència i Unió. Manuel Fraga no suscribió el acuerdo político, pero sí el económico.
Los acuerdos fueron ratificados posteriormente en el Congreso y el Senado.
La coyuntura económica era grave después de que la crisis del petróleo de 1973 alcanzara de lleno a España -a la que no había afectado tan rápidamente como a los países europeos consideraros aliados de Israel por la OPEP-: el paro -que durante el franquismo quedaba ocultado por la emigración a Europa, que ahora en crisis no aceptaba, produciéndose en cambio el retorno de los emigrantes-, la inflación había superado la frontera del 40% a mediados del año 1977, y se temía la posibilidad de alcanzar cifras de verdadera hiperinflación, como las que posteriormente sufrieron los países iberoamericanos. Se hablaba de fuga de capitales desde los últimos años del franquismo. Los empresarios, acostumbrados al corporativismo y al intervencionismo que presidía las relaciones económicas y sociales durante el franquismo, recelaban de la nueva situación política y de los nuevos interlocutores sociales, los sindicatos de clase, que exhibían una retórica reivindicativa que, según como fuera entendida, a veces era tomada por revolucionaria.
Con anterioridad, Adolfo Suárez había sostenido conversaciones con Felipe González y Santiago Carrillo, después de constituirse las Cortes Generales tras las elecciones del 15 de junio, con el fin de sondear la posibilidad de un acuerdo de estabilidad, dado que el gabinete carecía de mayoría absoluta. Además, las Cortes no se habían planteado como constituyentes, y esa era la intención de la oposición y de una parte significativa de miembros de la Unión de Centro Democrático, partido del gobierno.
Al mismo tiempo, Suárez encargó al Ministro de Economía y Hacienda, Enrique Fuentes Quintana, que tratase la posibilidad de un acuerdo marco con los nuevos sindicatos legalizados, UGT y CCOO, para evitar el alto nivel de conflictividad social. La UGT rechazó el acuerdo, así como también algunas secciones sindicales de Comisiones Obreras.
En el terreno político se acordó modificar las restricciones de la libertad de prensa, quedando prohibida la censura previa y dejando al poder judicial las decisiones sobre la misma; se modificó la legislación sobre secretos oficiales para permitir a la oposición el acceso a la información imprescindible para cumplir sus obligaciones parlamentarias; se aprobaron los derechos de reunión, de asociación política y la libertad de expresión mediante la propaganda, tipificando los delitos correspondientes por la violación de estos derechos; se creó el delito de tortura; se reconoció la asistencia letrada a los detenidos; se despenalizó el adulterio y el amancebamiento; se derogó la estructura del Movimiento Nacional, así como otras medidas sobre la restricción de la jurisdicción penal militar.
En materia económica se reconoció el despido libre para un máximo del 5 por 100 de las plantillas de las empresas, el derecho de asociación sindical, el límite de incremento de salarios se fijó en el 22% (inflación prevista para 1978), se estableció una contención de la masa monetaria y la devaluación de la peseta (fijando el valor real del mercado financiero) para contener la inflación; reforma de la administración tributaria ante el déficit público, así como medidas de control financiero a través del Gobierno y el Banco de España ante el riesgo de quiebras bancarias y la fuga de capitales al exterior.
Los firmantes fueron finalmente Adolfo Suárez en nombre del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo (por UCD), Felipe González (por el Partido Socialista Obrero Español), Santiago Carrillo (por el Partido Comunista de España), Manuel Fraga (por Alianza Popular), Enrique Tierno Galván (por el Partido Socialista Popular), Josep María Triginer (por el Partido Socialista de Cataluña), Joan Reventós (por Convergencia Socialista de Cataluña), Juan Ajuriaguerra (por el Partido Nacionalista Vasco) y Miquel Roca por Convergència i Unió. Manuel Fraga no suscribió el acuerdo político, pero sí el económico.
Los acuerdos fueron ratificados posteriormente en el Congreso y el Senado.
1 comentario:
Ejemplo democrático histórico de nuestra transición y de como se deben hacer las cosas, no como ahora que parece que estemos todos locos.
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