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El Consell carga contra el Gobierno por la financiación municipal pero tiene pendiente desde 1999 la transferencia anual La inyección de 350 millones supondría el doble de la deuda local con el Estado
A diferencia de la Generalitat, que aprobó en junio su ley de régimen local sin concretar la cuantía del Fondo de Cooperación Municipal ni el mecanismo de reparto, la Junta de Andalucía sacó adelante ese mismo mes la ley de participación de los entes locales en los tributos de la comunidad, que prevé la puesta en marcha de un fondo que en 2014 alcanzará los 600 millones. La clave es que los alcaldes pueden gastar la totalidad de ese dinero, una aportación fija anual "garantizada" que se distribuye en función de la población y de variables como territorio, dispersión o capacidad fiscal, en función de las necesidades de su municipio. Esto es, no son subvenciones finalistas que decide la Junta, de forma que, si el proyecto no se hace, se pierden los fondos. En Andalucía los ayuntamientos deciden si destinan esos recursos al pago de nóminas o a saldar las deudas con los proveedores. De este modo, la dependencia de los municipios, sobre todo los más pequeños, con los fondos de las diputaciones, se reducirá considerablemente. El modelo abona la línea de rebajar el papel político de los "barones" provinciales.En Galicia, de los 550 millones del fondo, los alcaldes sólo pueden gastar libremente el 21% (120 millones), quedando el resto (430) como ayudas condicionadas a los proyectos que decida la Xunta. Un modelo que, según el PSPV, es que el pretende instaurar Camps para controlar políticamente las ayudas.El Consell ha aprovechado la crítica situación financiera de los ayuntamientos para cargar contra el Gobierno pero en el debate de la financiación local tampoco sale muy bien parado. La valenciana es de las pocas autonomías que todavía no ha puesto en marcha el Fondo de Cooperación Municipal, una vía para que las localidades participen de los ingresos autonómicos como compensación a las "competencias impropias", aquellas que ejecutan los alcaldes y que en realidad corresponden a la Administración estatal y, sobre todo, a la autonómica. Prometido en 1999, siendo presidente Zaplana, y en 2003 por el propio Camps, el fondo autonómico es la eterna promesa incumplida de la Generalitat. Los 350 millones de financiación indeterminada en que se calcula representan el doble de la deuda que los municipios deben devolver al Estado por los anticipos de 2008.Lo recordó ayer el secretario de Política Municipal del PSPV y alcalde de l'Eliana, José María Ángel, quien reclamó al Consell la puesta en marcha de esta transferencia anual a partir del 1 de enero para "evitar el colapso de la actividad municipal". La creación del fondo se incluyó en el Estatuto de 2006 y volvió a recogerse en la nueva ley de Régimen Local, aprobada en junio, pero sin concretar la cuantía ni el mecanismo de reparto. La única pista es la alusión incorporada al Estatuto de que se seguirán "los mismos criterios que el fondo estatal". Ayer, a la vista de la "actual situación de precariedad que atraviesan los consistorios", Ángel reclamó a Camps que cumpla esta promesa, de forma "que se complemente la financiación del Estado conforme a un reparto con criterio de población que se corresponda al menos a los 70 euros por habitante, tal como estableció la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias en la Declaración de Elx de 27 de octubre de 2009". Los 5 millones de valencianos conllevarían un fondo de 350 millones. El PSPV calcula una "deuda histórica" de la Generalitat con los municipios de 3.000 millones, el dinero que habrían ingresado si el Consell hubiera instaurado el fondo en 2000.Según Ángel, al Ayuntamiento de Valencia le corresponderían 56 millones; al de Gandia, 5,6 millones; y al de Elx, 16,1. "Los ayuntamientos asumimos más competencias de la Generalitat, mientras no recibimos ni un solo euro a cambio por ejecutarlas", se quejó.Por su parte, el conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, reiteró ayer que antes de que finalice el año el Ejecutivo aprobará el reglamento del Fondo Local para su puesta en marcha en 2011. La Generalitat habla de un fondo de 3.000 millones pero esta cantidad incluye las actuaciones que acometen las conselleries, con lo que no define qué parte de esa cuantía será financiación indeterminada para sufragar gasto corriente. Blasco sostuvo que "el auténtico problema de los ayuntamientos es la restricción al crédito y la imposibilidad de recurrir al endeudamiento que prevé aplicar el Gobierno de Zapatero a partir del próximo año". Inversiones en jaque"La medida impide a los ayuntamientos llevar adelante las inversiones previstas, ya que la mayoría destina los ingresos corrientes a gastos corrientes, mientras las inversiones se financian a través de préstamos financieros". El conseller, que acusó al Gobierno de "ahogar a los ayuntamientos y llevarlos a la ruina", llegó a afirmar que el Fondo de Inversión Local ha sido un "regalo envenenado" para los ayuntamientos, ya que comportará gastos de mantenimiento que han de asumir los municipios.La afirmación indignó al delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, quien subrayó que "todos los ayuntamientos de la Comunitat se acogieron" en su día al Plan Local, y ningún consistorio valenciano "se ha quejado de retrasos en el pago de las aportaciones del Estado". Las declaraciones de Blasco, dijo, son "una prueba más de la política de crítica partidista y sin ningún fundamento del PP valenciano y la Generalitat".Rus se avanzó a Camps en la petición de que el Estado aplace la deudaLa reclamación al Estado del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, para que aplace hasta diez años el cobro de la deuda como consecuencia de los anticipos cobrados de más en 2008 tuvo un precedente. La Diputación de Valencia, que preside Alfonso Rus, ya planteó esta demanda en la reunión de la comisión de diputaciones y gobiernos insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias. La petición, sin embargo, no ha tenido respuesta hasta la fecha. La diputación debe abonar nada menos que 36 millones de los 174 de la Administración local valenciana.
Noticia publicada en www.levante-emv.com
