El Consejo General de Poder Judicial

Juan Carlos Campo, Vocal en el Consejo General del Poder Judicial
“No es que no se pongan de acuerdo, es que el PP ni siquiera quiere sentarse a negociar la renovación del CGPJ”
“La mayoría, en no pocos casos, convierte al Consejo en una tercera cámara para desgastar al Gobierno” “Este órgano nunca debió hacer un informe a la Ley de matrimonios del mismo sexo o al Estatut”“Como jurista, rechazo la noción de ‘autoría intelectual’, no se corresponde con las categorías que recoge el Código Penal”

Noticia publicada en www.elplural.com

-¿Hasta cuándo cree que se puede perpetuar la actual situación del CGPJ, que lleva más de un año con su mandato agotado? No existe previsión legal, por lo que de seguir así, solamente un acto de responsabilidad institucional de quienes están impidiendo su renovación, saliéndose de la mesa de negociación, puede acabar con esta situación tan dañina para el órgano constitucional del gobierno de los jueces. -¿Se refiere usted al PP? Pues claro. Es público y notorio que el PP ha suspendido las negociaciones, con lo grave que es eso. No es que no sean capaces de ponerse de acuerdo, es que el PP ni siquiera quiere sentarse a negociar la renovación del CGPJ. -¿Deberían el Gobierno o el Parlamento buscar alguna fórmula legislativa que anule el “bloqueo” de la renovación del CGPJ? Sin duda, se necesita una modificación de la LOPJ que prevea esta situación de bloqueo. Creo sería suficiente un cese del grueso del Consejo transcurridos sus cinco años de vida, como reclama la propia Constitución , y para el caso de no haberse producido la renovación dejar una comisión permanente para atender las funciones urgentes del órgano y nada más. -Recientemente se han publicado los planes que supuestamente tiene el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para descafeinar de algún modo un órgano como el CGPJ, que sigue en manos de los conservadores, aunque no le corresponda de acuerdo con la aritmética parlamentaria ¿Qué opina de ese proyecto? No conozco los proyectos en los que se puede estar trabajando a nivel ministerial o a nivel de programa electoral por parte de los diferentes partidos políticos. Sí creo que el CGPJ necesita ciertos cambios. Cambios dirigidos a robustecerlo en su cometido constitucional y para impedir que ocurran cosas como las que hemos visto esta legislatura, donde la mayoría, en no pocos casos, convierte al Consejo en una tercera Cámara que sirve para desgastar al Gobierno de la Nación. Me refiero al hecho de hacer informes que nadie reclamaba, nombramientos con un claro sesgo, o como en estos momentos, intentar otro informe para contrarrestar opiniones del Ministro sobre las formas de acceso a la carrera judicial. Habría que redefinir sus ámbitos competenciales, el Estatuto del Vocal, fijar la relación/coordinación/dación de cuenta con el parlamento o incluso la designación de los que han de ser vocales en el propio órgano de gobierno. El modelo fijado en el pacto por la Justicia no ha servido. -¿Considera entonces irregular que el CGPJ en funciones, y en concreto la mayoría conservadora, se dedique a elaborar informes que nadie les solicite y que suelen concluir que la acción legislativa del gobierno es errónea? Sí, lo es, pero ahora, estando en funciones, o en pleno mandato. El CGPJ no es un órgano consultivo, es el órgano de gobierno de los jueces y solamente en los casos tasados en la ley puede realizar informes. En ciertos anteproyectos de ley y disposiciones generales del Estado que afecten a las materias tasadas en la LOPJ. Y también y siempre que lo reclamen las Cortes Generales o las Asambleas de las CCAA sobre proposiciones de Ley de las mismas materias. O sea, el Consejo nunca debió hacer un informe a la Ley de matrimonios del mismo sexo o al Estatuto de Cataluña. Podríamos citar más casos de actuaciones de claro alineamiento con las tesis del principal partido de la oposición. Mucho menos estando en funciones donde debiera haber una previsión legal que impidiera realizar todas aquellas actuaciones que se salgan de la gestión ordinaria de asuntos. -¿Qué solución prevé para el bloqueo que se ha producido también en el Tribunal Constitucional a causa de las recusaciones que PP y Gobierno han presentado contra algunos de sus miembros? Francamente, no sé qué va a pasar, pero espero que el TC haga musculatura y resuelva esta situación en la que se encuentran. En todo caso, lo ocurrido demuestra que hay que modificar la Ley Reguladora, para impedir que este tipo de situaciones vuelvan a suceder. Deberíamos replantearnos el tema de la abstención y recusación. Si se trata de conocer la constitucionalidad o no de una ley, es muy difícil admitir la recusación de un miembro del Tribunal, porque un magistrado difícilmente está implicado en la elaboración de una ley elaborada por un Parlamento. -¿Y el hecho de que haya escrito un libro o un informe en el que apuesta por una determinada interpretación de una ley o de las posibilidades de una futura Ley? Eso no significa nada. Precisamente los criterios que se conocen públicamente de un magistrado fueron tenidos en cuenta para su nombramiento. No es razonable que se vuelvan en su contra. -La espiral de recusaciones que se han venido planteando a los magistrados del Tribunal Constitucional ¿ha dinamitado al propio órgano? Yo espero que no. Pero lo que está pasando no es bueno ni me gusta. En cualquier caso, el Estado de Derecho tiene que tener mecanismos suficientes para salir airoso de esta situación. A partir de aquí, hay que modificar la ley, porque no es bueno que haya resquicios legales que permitan la paralización de un órgano constitucional. - ¿Qué opina de la idea del ministro, Fernández Bermejo, de modificar el acceso a la carrera judicial, suprimiendo la oposición para los expedientes más brillantes de las Universidades de Derecho? No me gusta opinar sin tener todos los elementos de conocimiento, pero en abstracto le diré que nuestro sistema de acceso a la Carrera Judicial es complejo y me gusta esa complejidad, y se nutre no solamente, aunque es más común, por el sistema de oposición. Existían los tercer, cuarto y quinto turno donde juristas de reconocida competencia accedían a las tres categorías judiciales. En la anterior legislatura se suprimió el tercer turno. Y una última reflexión, el sistema podrá tener varias vías pero un único fin: tener a los mejores para esta importante función de administrar justicia. -El vocal conservador José Luis Requero pretende elaborar ese informe que usted ya ha mencionado y que el Gobierno no ha solicitado, precisamente sobre ese acceso a la carrera judicial ¿Qué opinión le merece? Ya lo he dicho anteriormente, un claro extralimitarse en las competencias del Consejo. El CGPJ solamente puede informar en los casos tasados en la Ley no cuando a un vocal se le ocurre y con una clara intención de servir de arma arrojadiza por opiniones vertidas por otro. -Aseguran los conservadores que el principal problema del CGPJ procede de la reforma legal que el Gobierno socialista promovió en 1985, que establece un reparto de vocalías que sea reflejo de la mayoría parlamentaria ¿Es eso una intromisión en el Poder Judicial, tal como denuncian desde el PP y otros foros conservadores? Nunca he entendido cómo puede dudarse del órgano que representa la soberanía popular. Es una cuestión conceptual, soy de los que piensan que la Justicia no es de los jueces, sino que es un servicio público en cuya organización y definición de política judicial deben intervenir todos los usuarios de la Justicia y en especial los ciudadanos, legitimados por la soberanía popular representada en el parlamento, al igual que no sería concebible que la política sanitaria la diseñaran los médicos tampoco resulta factible que en una democracia avanzada un colectivo en exclusiva, los jueces, sean los que diseñen la política judicial. De otro lado, la propia Constitución ya garantiza que se elegirán doce miembros de la carrera judicial. -¿Le preocupa la batalla que ha desencadenado la publicación de la sentencia del 11-M y las críticas que ha desatado? Sí me preocupa, pero no desde la crítica que puede realizarse a la sentencia que es saludable, sino a lo que le sirve de sustento. Cuando se cuestiona la instrucción, por ejemplo, se transmite un mensaje muy peligroso para el sistema democrático pues la ciudadanía o un sector de ella puede perder la confianza en la Justicia como sistema. La Justicia, que no olvidemos, aparece consagrada en nuestra constitución como uno de los valores superiores del ordenamiento. -¿Cree que esa sentencia deja cuestiones sin resolver, como la “autoría intelectual”, tal como señalan desde determinados medios de comunicación y el PP? Por ser miembro del Poder Judicial he de ser exquisito en el respeto a la independencia judicial, máxime cuando habrá recursos, pero sí le diré que como jurista rechazo esa noción de autoría intelectual pues no se corresponde con las categorías de autoría que recoge nuestro código penal. -Tanto el juez Gómez Bermúdez como Baltasar Garzón han sido objeto de duras críticas tras conocerse la sentencia, el uno por ser el ponente de la misma y el otro por interpretarla en contra de las tesis de la COPE o El Mundo ¿Son esas críticas motivo suficiente para que el CGPJ les ampare públicamente? Desgraciadamente no, el amparo que establece el artículo 14 de la LOPJ se circunscribe a aquellos ataques que pudieran mermar mi independencia para el dictado de una resolución. No es el caso. - ¿Cómo se explica que el TSJPV haya decidido sentar en el banquillo al lehendakari y a dos miembros del PSE cuando el Tribunal Supremo ya había dicho previamente que no veía delito alguno en las reuniones entre los representantes de las fuerzas políticas vascas y el portavoz de la ilegalizada Batasuna? No puedo ni debo hablar del caso por la razón expuesta anteriormente. Pero una cosa sí le diré: nuestro sistema debería potenciar el papel vinculante de la doctrina del Tribunal Supremo que creo es su genuino papel. Los dos pilares sobre los que debe asentarse un modelo de Justicia eficiente y eficaz son la Justicia en plazos razonables y la previsibilidad de las resoluciones judiciales. Cada vez que un tribunal inferior se separa de la doctrina del Tribunal Supremo se introducen en el sistema dosis de inseguridad. Deberíamos aunar la independencia y la vinculación muy posible a la doctrina que emana del Tribunal Supremo. -¿Se está haciendo política desde determinados tribunales? He de decir que no y debo mandar un mensaje de confianza en la Administración de Justicia, otra cosa es que algunas veces las resoluciones que se dictan no son las previsibles introduciendo esas notas de inseguridad y sorpresa de las resoluciones judiciales a las que me refería anteriormente. Sí se hace política no se dictan las resoluciones judiciales sometido únicamente al imperio de la Ley y a lo mejor y si así fuera debería entrar el Código Penal pues se estarían dictando resoluciones injustas a sabiendas.