GÜRTEL CONTINUA

Un nuevo informe policial acredita la financiación ilegal del PP de Camps

Según publica El País, la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía acredita con un nuevo informe la financiación ilegal del PP de Francisco Camps a través de diversas constructoras que recibían contratos públicos del Gobierno valenciano y que colaboraban con Orange Market, la empresa relacionada con la Gürtel que se encargaba de todos los actos del PP valenciano.

El informe, fechado el 20 de julio y de más de 100 folios, precisa cada uno de los pagos ilegales con grabaciones telefónicas, entre ellas a Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules, implicado en el supuesto amaño de partidos para el ascenso de su equipo a la primera división, informa El País.

Ya apareció en un auto del TSJM
Su empresa, Enrique Ortiz e Hijos, ya apareció en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como una de las compañías que supuestamente financiaron ilegalmente al PP de la Comunidad Valenciana con unos 100.000 euros.

¿Contraprestación o favorecimiento?
“No existe una explicación lógica del motivo por el cual distintas empresas del sector de la construcción y/o servicios, ubicadas en la Comunidad Valenciana (Grupo SEDESA, Lubasa Desarrollos lnmobiliarios S.A., y Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SL.), que resultan adjudicatarias de numerosos contratos públicos en dicha Comunidad, efectúen el pago de distintas Facturas a la mercantil Orange Market SL, salvo que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo, entre dichas empresas, y la formación política expuesta, sistemática de funcionamiento que se repite a lo largo del tiempo”, certifica el informe policial.

Magdalenas y galletas
En las conversaciones grabadas a los cabecillas de la trama corrupta con los políticos del PP valenciano se alude en reiteradas ocasiones a las palabras "Magdalenas" o "Galletas" para denominar a una persona o empresa que pagaría las deudas del PP. La Policía señala que esos términos se vinculan "con el empresario Enrique Ortiz Selga, al asociarse su apellido 'ORTIZ' por parte de los responsables de Orange Market con una conocida marca de repostería, fabricante de galletas y magdalenas".

Ricardo Costa
La Policía sostiene que Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, que en la actualidad está suspendido de militancia, y David Serra, vicesecretario general del mismo partido, conocían perfectamente a que se referían las palabras "galletas" y "magdalenas": "entregas de dinero directa por parte de las empresas de Enrique Ortiz, cuyos importes íntegros pasan a descontar la deuda que el PP valenciano mantenía con Orange Market".


Intento de paralizar la causa
Por otra parte, de acuerdo con Efe, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha manifestado en un auto que “un sector” de los imputados en la Gürtel, pretende “paralizar” la causa “interponiendo constantemente toda clase de recursos”. El tribunal rechaza el recurso que varios de los imputados –encabezados por los ex diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco– interpusieron contra una resolución dictada por el juez instructor del caso, Antonio Pedreira, el pasado 27 de abril.

Recurren pese a no estar afectados
En la citada resolución, Pedreira acordaba dar traslado de las grabaciones declaradas “ilícitas” –de las comunicaciones que los cabecillas de la Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez mantuvieron en prisión con sus abogados– para que pidieran la práctica de las diligencias que estimaran oportunas en relación con las mismas. Pese a no verse afectados por los pinchazos declarados ilícitos; López Viejo, Martín Vasco y Bosch recurrieron ese auto, pidiendo su nulidad y solicitando que todas las partes tengan acceso a las grabaciones.

“Totalmente improcedente”
Esta pretensión es considerada por el TSJM, en una resolución, “totalmente improcedente”. “Varios de los recurrentes ejercitan un petitum que, totalmente improcedente, debe desestimarse en su integridad: en su afán de recurrir todo, incluyen la pretensión de nulidad de pleno derecho del auto recurrido”, señala el TSJM.

Desmentido del PP
Tras conocerse el nuevo informe, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha emitido un comunicado en el que asegura que su financiación "es absolutamente legal" y que "ha sido convenientemente fiscalizada anualmente por los órganos competentes", al tiempo que ha recalcado que el documento de la Policía "no aborda la financiación del PP".

Noticia publicada en www.elplural.com