martes, 28 de septiembre de 2010
MAÑANA HUELGA GENERAL
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viernes, 24 de septiembre de 2010
En Xirivella ya presumimos de futbol de primera
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Los alcaldes tendrán que publicar sus bienes e ingresos cada año
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Algunos titulares sobre los PGE
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lunes, 20 de septiembre de 2010
EMBAJADOR ARAGONÉS. DEFENSOR DE LA LIBERTAD
Se ha ido un paisano irrepetible. Cantautor, escritor y político. Se ha ido el artista pero también la persona. Una persona con personalidad. Luchador antifranquista, voz de las minorias, una persona solidaria, humana y justa que decia siempre lo que pensaba y lo defendia con todas sus fuerzas. Se va Labordeta pero lo hace con todo un país de corazones y cariño en su mochila. Hasta siempre Jose Antonio.
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sábado, 11 de septiembre de 2010
El Ayuntamiento de Xirivella destina cerca de 140.000 euros
Además, el Ayuntamiento dará becas a las familias cuyos hijos estudien en el centro concertados de la localidad cuyos padres y madres estén desempleados o no superen el baremo de renta establecido. De esta manera, el Ayuntamiento presidido por el socialista Josep Soriano mantiene una apuesta clara y decidida de apoyo a la educación pública, un apoyo que ha supuesto en los últimos años un importante esfuerzo económico, con los bonos para libros, las actividades escolares, la construcción de aulas para los niños de 3 años y los terrenos y la urbanización para los nuevos institutos Gonzalo Anaya y Ramon Muntaner. Todo ello ha contribuido a que hoy la gran mayoría de los alumnos de Xirivella estudien en centros públicos, al contrario de lo que sucede en municipios de nuestro entorno, donde el peso de la educación privada o concertada es mucho más significativo y crece gracias a las políticas de la Conselleria de Educación. En este sentido, Soriano ha manifestado su “preocupación por el recorte de 1.500 profesores en las plantillas de educación secundaria para este curso realizado por la Conselleria de Educación, ya que esta medida va a afectar a la calidad de la enseñanza pública, al aumentar la ratio de alumnos y eliminar los desdobles y programas de educación compensatoria”.
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miércoles, 8 de septiembre de 2010
El Ayuntamiento aclara las informaciones difudidas por la Peña Taurina sobre los festejos taurinos
1. La celebración de festejos taurinos en la Comunitat Valenciana se regula según lo dispuesto en el Decreto 24/2007 de 23 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el reglamento de festejos taurinos tradicionales en la Comunidad Valenciana.
2. Dicho decreto establece todos los requisitos y la documentación que se ha de presentar en la Conselleria de Gobernación para que ésta autorice la realización de los festejos, relativa a los facultativos encargados del servicio médico-quirúrgico, la ambulancia, el certificado de la compañía aseguradora, la certificación del ganadero de que la ganadería está inscrita en los registros correspondientes, la certificación sanitaria de los animales y existencia de un mínimo de 10 voluntarios colaboradores en el desarrollo del festejo.
3. Dentro de la documentación que exige la Conselleria se incluye, en el caso de que los festejos se realicen en una plaza de toros no permanente o portátil, la licencia municipal de actividad y funcionamiento. Para la concesión de esta licencia se requiere la presentación, como un plazo mínimo de 20 días hábiles antes de la realización del festejo, de lo siguiente:
a. Documentación redactada por técnico competente y visada por el colegio profesional correspondiente que incluya memoria del festejo, memoria técnica constructiva de la plaza, memoria de medidas contra incendios, sistema y cálculo de evacuación, memoria de instalaciones eléctricas, documentación gráfica y plan de evacuación y emergencia.
b. Acreditación de tener suscrito un contrato de seguro que cubra el riesgo de responsabilidad civil sobre estas instalaciones.
5. A fecha de hoy, 2 de septiembre, los organizadores de los festejos todavía no han presentado en el Registro de Entrada del Ayuntamiento ninguna solicitud ni ninguna documentación para que el Ayuntamiento pueda conceder la licencia para la plaza. Autorizar la instalación de la plaza sin que se haya entregado la documentación y las certificaciones exigidas por la ley supondría una ilegalidad parte del Ayuntamiento, que está obligado por la ley a garantizar ante todo la seguridad de los participantes y espectadores.
6. Ante la falta de presentación de la documentación correspondiente, la Conselleria de Governació comunicó el día 1 de septiembre al Ayuntamiento la resolución por la que la citada Conselleria deniega la petición de autorización para la celebración de BOUS AL CARRER en Xirivella los días 4 y 6 de septiembre.
7. Ante la no presentación de la documentación correspondiente desde el Ayuntamiento se ha sugerido a los organizadores un cambio de fechas para que tuvieran más tiempo para reunir la documentación exigida por la ley, opción ésta que ha sido rechazada por los organizadores.
8. El Ayuntamiento lamenta la decepción y la desilusión causada entre aquellos que se sienten defraudados por la no celebración de los festejos taurinos a causa de la incorrecta gestión de los organizadores, que no han podido cumplir con todos los requisitos que exige la ley.
Xirivella, 3 de septiembre de 2010.
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lunes, 6 de septiembre de 2010
Un anuncio insuficiente
ETA declara un alto el fuego
Fuente: youtube
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Prevaricaciones en el Mar
La rehabilitación del pailebote "Pascual Flores" costó 4,1 millones y la goleta "Tirant I" tiene un mantenimiento de 165.000 euros
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jueves, 2 de septiembre de 2010
GÜRTEL CONTINUA
Según publica El País, la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía acredita con un nuevo informe la financiación ilegal del PP de Francisco Camps a través de diversas constructoras que recibían contratos públicos del Gobierno valenciano y que colaboraban con Orange Market, la empresa relacionada con la Gürtel que se encargaba de todos los actos del PP valenciano.
El informe, fechado el 20 de julio y de más de 100 folios, precisa cada uno de los pagos ilegales con grabaciones telefónicas, entre ellas a Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules, implicado en el supuesto amaño de partidos para el ascenso de su equipo a la primera división, informa El País.
Ya apareció en un auto del TSJM
Su empresa, Enrique Ortiz e Hijos, ya apareció en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como una de las compañías que supuestamente financiaron ilegalmente al PP de la Comunidad Valenciana con unos 100.000 euros.
¿Contraprestación o favorecimiento?
“No existe una explicación lógica del motivo por el cual distintas empresas del sector de la construcción y/o servicios, ubicadas en la Comunidad Valenciana (Grupo SEDESA, Lubasa Desarrollos lnmobiliarios S.A., y Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras SL.), que resultan adjudicatarias de numerosos contratos públicos en dicha Comunidad, efectúen el pago de distintas Facturas a la mercantil Orange Market SL, salvo que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo, entre dichas empresas, y la formación política expuesta, sistemática de funcionamiento que se repite a lo largo del tiempo”, certifica el informe policial.
Magdalenas y galletas
En las conversaciones grabadas a los cabecillas de la trama corrupta con los políticos del PP valenciano se alude en reiteradas ocasiones a las palabras "Magdalenas" o "Galletas" para denominar a una persona o empresa que pagaría las deudas del PP. La Policía señala que esos términos se vinculan "con el empresario Enrique Ortiz Selga, al asociarse su apellido 'ORTIZ' por parte de los responsables de Orange Market con una conocida marca de repostería, fabricante de galletas y magdalenas".
Ricardo Costa
La Policía sostiene que Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, que en la actualidad está suspendido de militancia, y David Serra, vicesecretario general del mismo partido, conocían perfectamente a que se referían las palabras "galletas" y "magdalenas": "entregas de dinero directa por parte de las empresas de Enrique Ortiz, cuyos importes íntegros pasan a descontar la deuda que el PP valenciano mantenía con Orange Market".
Intento de paralizar la causa
Por otra parte, de acuerdo con Efe, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha manifestado en un auto que “un sector” de los imputados en la Gürtel, pretende “paralizar” la causa “interponiendo constantemente toda clase de recursos”. El tribunal rechaza el recurso que varios de los imputados –encabezados por los ex diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco– interpusieron contra una resolución dictada por el juez instructor del caso, Antonio Pedreira, el pasado 27 de abril.
Recurren pese a no estar afectados
En la citada resolución, Pedreira acordaba dar traslado de las grabaciones declaradas “ilícitas” –de las comunicaciones que los cabecillas de la Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez mantuvieron en prisión con sus abogados– para que pidieran la práctica de las diligencias que estimaran oportunas en relación con las mismas. Pese a no verse afectados por los pinchazos declarados ilícitos; López Viejo, Martín Vasco y Bosch recurrieron ese auto, pidiendo su nulidad y solicitando que todas las partes tengan acceso a las grabaciones.
“Totalmente improcedente”
Esta pretensión es considerada por el TSJM, en una resolución, “totalmente improcedente”. “Varios de los recurrentes ejercitan un petitum que, totalmente improcedente, debe desestimarse en su integridad: en su afán de recurrir todo, incluyen la pretensión de nulidad de pleno derecho del auto recurrido”, señala el TSJM.
Desmentido del PP
Tras conocerse el nuevo informe, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha emitido un comunicado en el que asegura que su financiación "es absolutamente legal" y que "ha sido convenientemente fiscalizada anualmente por los órganos competentes", al tiempo que ha recalcado que el documento de la Policía "no aborda la financiación del PP".
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¿Podrán?
El Instituto Valenciano de Finanzas lanzó el año pasado a los mercados 5.131 millones en "europapel" para financiarse
Los gobiernos autonómicos y locales españoles han extraído préstamos en los mercados internacionales que superan los 120.560 millones de euros, tan sólo por detrás de Alemania. Los bonos del Estado podrían haber encontrado una salida en las cámaras de compensación, pero la City de Londres, el mayor centro financero europeo, teme ahora que las inversiones extranjeras se hayan acabado para las comunidades.
Una ojeada al balance que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha descubierto este año ante los inversores extranjeros en sus presentaciones exteriores basta para comprender los temores del capital internacional. En el total de este año 2010, al gobierno valenciano le vence deuda por valor de más de 1.200 millones de euros; de aquí a cinco años, el golpe será casi el doble, 2.100 millones.
Tendencia creciente
El pasado 28 de junio, el Gobierno central concedió a siete comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, la posibilidad de endeudarse más si cabe. En nuestro caso, la barrera se amplió 1.045 millones en euros y otros 1.000 millones en pagarés con divisas.
La tendencia, desde 1995, ha sido siempre a aumentar los préstamos. Mientras en el País Vasco se reducía casi a la mitad la deuda entre 1995 y 2005, en la Comunitat Valenciana se multiplicaba por cinco, y así se recoge en los diagramas del Banco de España. Cuando el 76% de los ingresos operativos provienen de los impuestos a la propiedad, del timbre y las transferencias del gobierno central, esta política de hipotecar el gasto público es extremadamente imprudente.
Demasiados títulos españoles
"En septiembre, las bolsas se van a encontrar con que los bonos del Tesoro competirán codo a codo contra los valores de los gobiernos regionales por atraer todavía más dinero de los inversores internacionales. Habrá demasiados préstamos españoles en el aire", dice David Schnautz, estratega de Commertzbank. "Y no estoy seguro de que haya apetito para tanto riesgo", advierte.
Nadie lo está en la City de Londres, el mayor núcleo de actividad financiera de la Unión Europea. Pero el comportamiento de los principales agentes de actividad creditícia en la llamada Square Mile ofrece pistas. Barclays Capital es el corredor de bolsa del 55% de las emisiones de europapel comercial del IVF, que en 2008 fueron de 2.930 millones de euros y el año pasado se multiplicaron hasta los 5.131 millones. La deuda viva del Gobierno valenciano se ha catapultado un 173% en dos años y se sitúa en los 846 millones en 2010, de acuerdo con los datos oficiales del IVF.
Y Barclays Capital desaconseja a sus propios clientes que apuesten su dinero a que extraerán beneficios de cualquier deuda autonómica española porque "carecen explícitamente de protección oficial y una cláusula de la Constitución impide su rescate". En otras palabras, las de Sheraz Mian, asesor de Zacks Investment, "la razón por la que los bonos públicos han tenido demanda hasta hoy ha sido que las acciones de las empresas fluctúan a un ritmo temible en las bolsas, pero con los datos económicos de que disponen los inversores, está claro el país o la región puede salir del atolladero y las que no".
Un vecino escandaloso
Standard & Poor's (S&P), la agencia de calificación de riesgo, estima que las regiones y autoridades locales de la Unión Europea han desoído los consejos de control fiscal y este año pretenden embutirse otros 260.000 millones de euros más de una deuda que en 2009 rondaba ya los 1,2 billones. En 2010, las autonomías y ayuntamientos españoles representan más del 12,5% del exceso anual. El único país del mezzogiorno europeo que se acerca a tamaña osadía es Italia, que representa el 3,2%. Ni tan siquiera en Francia, con un 8%, los gobiernos menores han expandido sus finanzas a costa del crédito de manera semejante a los ibéricos.
Según el Banco de España, en 2006 la deuda autonómica global era de 57.961 millones de euros. Tras un salto de 163%, hoy pesa 94.621 millones. Barclays describe a las administraciones de Madrid, Catalunya y de la Comunitat Valenciana como "los prestatarios más activos" del parqué.
Riesgo inversor
En 2009, el crecimiento de la deuda valenciana fue de 1.850 millones de euros. Para entonces, ya había emitido colocaciones privadas de bonos por 1.777 millones. "Los inversores extranjeros siguen jugando un papel fundamental, sobre todo en la deuda de la Generalitat", señala el informe del propio IVF. Y aquí yace el problema. "Creemos que las regiones españolas", apuntan en S&P, "fundan la mayor parte de su gasto público con programas de préstamos exteriores, en vez de auto-financiarse en proporciones más equilibradas".
Brendan Curley, gestor de carteras en la City, no esconde el bulto y explica a este diario que sus perspectivas para el llamado sector sub-soberano son negativas: "el mercado se está preparando para recibir algunos choques", avisa, "en menos de dos años ocurrirá el impago en algunos bonos municipales y regionales".
Bajo el punto de mira de la City londinense
Las autonomías españolas están en el punto de mira de la City. En opinión de la agencia de riesgo Moody's, "las dificultades para recuperar el crecimiento económico en el sur de la Unió Europea refuerza las previsiones de que habrá regiones para las que será duro cumplir con sus responsabilidades creditícias".
En notas internas a clientes e inversores, Barclays Capital baraja la posibilidad de que el total de préstamos para municipios y autonomías en España, diversificado a través de bonos, papel comercial o pagarés a corto y largo plazo, rebase los 120.500 millones de euros. La capacidad de recoger capital exterior ha tocado techo
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Nuevos votantes, más democracia
España firma acuerdos de reciprocidad con Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Nueva Zelanda y está pendiente de sellar otros seis más
Un total de 70.193 ciudadanos extracomunitarios podrán votar en los comicios locales de 2011, según ha señalado el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, en un comunicado conocer los requisitos marcados por el Gobierno para que puedan ejercitar este derecho.
En los últimos meses, España ha elaborado acuerdos bilaterales de reciprocidad con seis países (Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Nueva Zelanda, Noruega también alcanzó el acuerdo en 1991) que servirán para que ciudadanos de estos países y que residen en España, puedan votar en las próximas elecciones municipales del año 2011, al mismo tiempo que ciudadanos valencianos y españoles puedan ejercer el derecho al sufragio en aquellos países.
Asimismo, el conseller ha explicado que a estos hay que sumar un total de 438.479 votantes comunitarios. De esta forma, a día de hoy 508.672 ciudadanos de nacionalidad extranjera podrían tener derecho a ejercer el voto en la Comunitat Valenciana.
Por otra parte, está pendiente la ratificación de seis nuevos acuerdos con los países de Argentina, Bolivia, Uruguay, Trinidad y Tobago, Islandia y Cabo Verde que elevaría la cifra de 70.193 a 88.765 nuevos votantes extranjeros.
Blasco ha destacado que para lograr una política de integración sea "verdaderamente eficaz" su base fundamental debe ser "el conocimiento mutuo y el diálogo puesto que conocer implica interés, respeto y voluntad". "Es por ello que, desde el Consell, queremos estrechar lazos con los diferentes colectivos y sus representantes que conviven en la Comunitat", ha señalado.
Según el conseller Rafael Blasco, la Generalitat está impulsando el municipalismo para impulsar políticas sociales para la integración a través de las 82 Agencias de Mediación e Integración y en las 57 Escuelas de Acogida que con el apoyo de las asociaciones impartirán este año el Compromiso de Integración a 10.000 extranjeros e inmigrantes.
En ese sentido, ha destacado que la Administración Local es "la más cercana al ciudadano, la que conoce de primera mano sus dificultades y necesidades puesto que trabaja día a día con ellos". "Por tanto, su labor es de gran importancia, sobre todo, en lo concerniente en las políticas sociales. La percepción por parte del inmigrante de sentirse acogido por la sociedad, por el entorno más inmediato, es clave para su integración", ha dicho.
En este sentido, la conselleria de Solidaridad y Ciudadanía ha sido pionera en diversos acuerdos de carácter municipalista. Es el caso de la Carta de Buenas Prácticas de la Comunitat o el Pacto Local por la Integración de las personas Inmigrantes a instancias del conseller Rafael Blasco, por la Generalitat Valenciana, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, las tres Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de las ciudades de Alicante, Castellón y Valencia.
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