El PSPV pide una comisión en las Cortes sobre los fondos de cooperación
El grupo parlamentario socialista ha solicitado la creación de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas para "aclarar el presunto desvío de fondos" de cooperación internacional relacionados con varias fundaciones y las responsabilidades políticas que se derivan, ante las detenciones practicadas este jueves en relación con la causa judicial de este caso, entre ellas, la del director general de Cooperación de la Generalitat, Josep María Felip, que ha sido cesado.
Así lo han anunciado este viernes el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, y la diputada en las Cortes Clara Tirado en una rueda de prensa en la que han vuelto a exigir la destitución del actual portavoz del grupo parlamentario popular y exconsejero de Cooperación, Rafael Blasco, por ser a su juicio el "autor intelectual y responsable político" de esta "trama".
Además, han presentado una pregunta oral para conocer qué actuaciones ha realizado el Consell tras el informe de la Sindicatura de Comptes sobre los expedientes de cooperación relacionados con la Fundación Cyes, en el que se detectó la falta de acreditación de 1.168.281 euros en justifcantes.
Alarte ha sostenido que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha destituido al director general de Integración y Cooperación de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, Josep María Felip, y al subsecretario de la Consejería de Sanidad, Alexandre Catalá Bas, "no por convicción, sino por apretón".
Así, ha comentado que le "sonroja" que Fabra "intente sacar pecho" con estos ceses, que no ha sido "por su propia voluntad ni compromiso democrático", sino porque desde "Moncloa le hubieran echado a él si hubiera mantenido a estos responsables pese a estar en el calabozo".
De hecho, ha recordado que Fabra se negó a convocar una comisión de investigación y que era ya diputado cuando el 7 de octubre de 2010 se denunciaron por primera vez estas irregularidades y el 19 de abril la Sindicatura emitió este informe y, pese a ello, "ratificó en sus cargos a Felip y Catalá" y mantiene a Blasco, cuyo "trabajo en los distintos departamentos del Gobierno por los que ha pasado es crear una red clientelar", ha opinado Alarte.
Por ello, ha recalcado que es de "urgencia democrática" que Blasco "cese inmediatamente" y Fabra "nombre a otro diputado honorable, honrado y que no cree ninguna duda si es que le queda alguno". Asimismo, ha considerado que la destitución de estos dos dirigentes y no la de otros diputados imputados "responde a las guerras internas del PP".
"Nueva vergüenza"
Alarte ha exigido que "esta nueva vergüenza de corrupción" del PP valenciano "no quede impune" y "se depuren responsabilidades" para evitar que "se manche la cooperación" valenciana. No obstante, ha señalado que "aún es pronto" para decidir si se personarán como acusación particular si se abre juicio.
Por su parte, la diputada Clara Tirado ha apuntado que Blasco llegó a la consejería en 2007 y en 2008 "comenzó a organizar esta trama de desvío de fondos" y "tuvo que recurrir a Felip para firmar los expedientes con la Fundación Cyes porque los que altos directivos que había dimitieron para no firmarlo".
Tirado ha afirmado que las entidades beneficiarias "no cumplían las bases de la convocatoria porque no contaban ni con la experiencia ni capacidad para operar en red" y ha cifrado en 9 millones el desvío de dinero.
Así lo han anunciado este viernes el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, y la diputada en las Cortes Clara Tirado en una rueda de prensa en la que han vuelto a exigir la destitución del actual portavoz del grupo parlamentario popular y exconsejero de Cooperación, Rafael Blasco, por ser a su juicio el "autor intelectual y responsable político" de esta "trama".
Además, han presentado una pregunta oral para conocer qué actuaciones ha realizado el Consell tras el informe de la Sindicatura de Comptes sobre los expedientes de cooperación relacionados con la Fundación Cyes, en el que se detectó la falta de acreditación de 1.168.281 euros en justifcantes.
Alarte ha sostenido que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha destituido al director general de Integración y Cooperación de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, Josep María Felip, y al subsecretario de la Consejería de Sanidad, Alexandre Catalá Bas, "no por convicción, sino por apretón".
Así, ha comentado que le "sonroja" que Fabra "intente sacar pecho" con estos ceses, que no ha sido "por su propia voluntad ni compromiso democrático", sino porque desde "Moncloa le hubieran echado a él si hubiera mantenido a estos responsables pese a estar en el calabozo".
De hecho, ha recordado que Fabra se negó a convocar una comisión de investigación y que era ya diputado cuando el 7 de octubre de 2010 se denunciaron por primera vez estas irregularidades y el 19 de abril la Sindicatura emitió este informe y, pese a ello, "ratificó en sus cargos a Felip y Catalá" y mantiene a Blasco, cuyo "trabajo en los distintos departamentos del Gobierno por los que ha pasado es crear una red clientelar", ha opinado Alarte.
Por ello, ha recalcado que es de "urgencia democrática" que Blasco "cese inmediatamente" y Fabra "nombre a otro diputado honorable, honrado y que no cree ninguna duda si es que le queda alguno". Asimismo, ha considerado que la destitución de estos dos dirigentes y no la de otros diputados imputados "responde a las guerras internas del PP".
"Nueva vergüenza"
Alarte ha exigido que "esta nueva vergüenza de corrupción" del PP valenciano "no quede impune" y "se depuren responsabilidades" para evitar que "se manche la cooperación" valenciana. No obstante, ha señalado que "aún es pronto" para decidir si se personarán como acusación particular si se abre juicio.
Por su parte, la diputada Clara Tirado ha apuntado que Blasco llegó a la consejería en 2007 y en 2008 "comenzó a organizar esta trama de desvío de fondos" y "tuvo que recurrir a Felip para firmar los expedientes con la Fundación Cyes porque los que altos directivos que había dimitieron para no firmarlo".
Tirado ha afirmado que las entidades beneficiarias "no cumplían las bases de la convocatoria porque no contaban ni con la experiencia ni capacidad para operar en red" y ha cifrado en 9 millones el desvío de dinero.
Noricia publicada en El País
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