El juez imputa a Ripoll por cohecho, fraude y tráfico de influencias
El presidente de la Diputación de Alicante ha sido interrogado durante una hora y ha salido en libertad sin fianza.- El magistrado impone al empresario Rafael Gregori el pago de 100.000 euros para eludir la prisión e imputa a los seis implicados que han declarado hoy
El juez de Orihuela ha imputado al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, por los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios. El magistrado que instruye el caso Brugal, relacionado con la adjudicación de instalaciones de residuos en la comarca de la Vega Baja (Alicante), le ha tomado declaración durante una hora y le ha dejado en libertad sin fianza, aunque Ripoll deberá presentarse periódicamente en los juzgados. El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, había pedido que se acordara para él una fianza de 500.000 euros para eludir la prisión, pero el juez lo ha rechazado. A la salida de los juzgados, los abogados del dirigente del PP no han desvelado qué presuntos delitos se le imputan y han remitido a un conferencia de prensa a las 21.30.
Tras conocerse la imputación de Ripoll, el comité de dirección del PP de la provincia de Alicante se ha apresurado a manifestar "más que nunca" su "plena confianza en la inocencia" del presidente de la Diputación y del partido en Alicante. También ha reclamado "el respeto a la presunción de inocencia" y "el más escrupuloso respeto a las normas que rigen el Estado de Derecho y a la independencia del Poder Judicial". Además, "como ya expresó" el propio Ripoll, el partido en Alicante ha pedido "el máximo respeto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado" y rechaza "la instrumentación política de los mismos".
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, también ha interrogado hoy a otros cinco presuntos implicados en una trama corrupta y les imputa también supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias, entre otros, según ha confirmado en una nota el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. A uno de ellos, el empresario de automoción y ex presidente de la fundación del Hércules Rafael Gregori, le ha impuesto, además, una fianza de 100.000 euros. En el caso del empresario Enrique Ortiz, que se hizo con el concurso de la contrata de basuras que centra la investigación, el magistrado no ha decidido medidas cautelares. El fiscal Anticorrupción había pedido una fianza de 800.000 euros para Ortiz. Tras el interrogatorio, Ortiz, que también es máximo accionista del Hércules, ha afirmado estar "contento" porque el juez "no ha adoptado ninguna medida cautelar". Al preguntarle los periodistas si pesan sobre él imputaciones, ha respondido: "Claro que las hay".
Los otros imputados por el juez son José Candel, empleado de Inusa, una empresa del grupo Ortiz; José Francisco León, empresario valenciano amigo de Ortiz; y Luis Bracho, gerente de Sufi, una de las firmas que tiene la contrata de recogida de basura de Orihuela.
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, llegó a pie a los juzgados de Orihuela cerca de las dos de la tarde flanqueado por sus abogados, Fernando Candela y Bernardo del Rosal. El dirigente del PP alicantino no hizo declaraciones antes de entrar en las dependencias judiciales. Su comparecencia se ha retrasado hasta la tarde.
Por la mañana ya habían acudido a los juzgados varios de los detenidos el pasado martes en la operación contra la corrupción en Alicante, entre ellos Ripoll, puestos en libertad tras declarar en comisaría. La policía arrestó a un total de 11 personas y realizó 19 registros en el marco de la investigación de supuestos delitos en la adjudicación de las instalaciones de tratamiento de basuras de la comarca de la Vega Baja, en el sur de Alicante.
Uno de los primeros en entrar en las dependencias judiciales, en torno a las 12.15, ha sido el empresario Enrique Ortiz, que se hizo con el contrato de las basuras. Ortiz, que afirmó estar "tranquilo", también ha llegado con su abogado. Su declaración ya ha terminado y ahora está previsto que sea interrogado por el juez el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, de quien dependía la adjudicación de la planta y vertedero de basura.
En los alrededores del juzgado también ha sido visto otro empresario investigado, Ángel Fenoll, quien ya estuvo detenido en 2007 al iniciarse la investigación del caso Brugal. Su interrogatorio, sin embargo, está previsto para mañana, al igual que el de uno de sus hijos y los de tres concejales de Orihuela arrestados durante la operación del caso Brugal.
El juez de Orihuela ha imputado al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, por los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios. El magistrado que instruye el caso Brugal, relacionado con la adjudicación de instalaciones de residuos en la comarca de la Vega Baja (Alicante), le ha tomado declaración durante una hora y le ha dejado en libertad sin fianza, aunque Ripoll deberá presentarse periódicamente en los juzgados. El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, había pedido que se acordara para él una fianza de 500.000 euros para eludir la prisión, pero el juez lo ha rechazado. A la salida de los juzgados, los abogados del dirigente del PP no han desvelado qué presuntos delitos se le imputan y han remitido a un conferencia de prensa a las 21.30.
Tras conocerse la imputación de Ripoll, el comité de dirección del PP de la provincia de Alicante se ha apresurado a manifestar "más que nunca" su "plena confianza en la inocencia" del presidente de la Diputación y del partido en Alicante. También ha reclamado "el respeto a la presunción de inocencia" y "el más escrupuloso respeto a las normas que rigen el Estado de Derecho y a la independencia del Poder Judicial". Además, "como ya expresó" el propio Ripoll, el partido en Alicante ha pedido "el máximo respeto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado" y rechaza "la instrumentación política de los mismos".
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, también ha interrogado hoy a otros cinco presuntos implicados en una trama corrupta y les imputa también supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias, entre otros, según ha confirmado en una nota el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. A uno de ellos, el empresario de automoción y ex presidente de la fundación del Hércules Rafael Gregori, le ha impuesto, además, una fianza de 100.000 euros. En el caso del empresario Enrique Ortiz, que se hizo con el concurso de la contrata de basuras que centra la investigación, el magistrado no ha decidido medidas cautelares. El fiscal Anticorrupción había pedido una fianza de 800.000 euros para Ortiz. Tras el interrogatorio, Ortiz, que también es máximo accionista del Hércules, ha afirmado estar "contento" porque el juez "no ha adoptado ninguna medida cautelar". Al preguntarle los periodistas si pesan sobre él imputaciones, ha respondido: "Claro que las hay".
Los otros imputados por el juez son José Candel, empleado de Inusa, una empresa del grupo Ortiz; José Francisco León, empresario valenciano amigo de Ortiz; y Luis Bracho, gerente de Sufi, una de las firmas que tiene la contrata de recogida de basura de Orihuela.
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, llegó a pie a los juzgados de Orihuela cerca de las dos de la tarde flanqueado por sus abogados, Fernando Candela y Bernardo del Rosal. El dirigente del PP alicantino no hizo declaraciones antes de entrar en las dependencias judiciales. Su comparecencia se ha retrasado hasta la tarde.
Por la mañana ya habían acudido a los juzgados varios de los detenidos el pasado martes en la operación contra la corrupción en Alicante, entre ellos Ripoll, puestos en libertad tras declarar en comisaría. La policía arrestó a un total de 11 personas y realizó 19 registros en el marco de la investigación de supuestos delitos en la adjudicación de las instalaciones de tratamiento de basuras de la comarca de la Vega Baja, en el sur de Alicante.
Uno de los primeros en entrar en las dependencias judiciales, en torno a las 12.15, ha sido el empresario Enrique Ortiz, que se hizo con el contrato de las basuras. Ortiz, que afirmó estar "tranquilo", también ha llegado con su abogado. Su declaración ya ha terminado y ahora está previsto que sea interrogado por el juez el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, de quien dependía la adjudicación de la planta y vertedero de basura.
En los alrededores del juzgado también ha sido visto otro empresario investigado, Ángel Fenoll, quien ya estuvo detenido en 2007 al iniciarse la investigación del caso Brugal. Su interrogatorio, sin embargo, está previsto para mañana, al igual que el de uno de sus hijos y los de tres concejales de Orihuela arrestados durante la operación del caso Brugal.
Noticia publicada en El País
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