CC OO-PV y UGT-PV inician un proceso de movilizaciones Por el empleo y la protección social

La crisis económica y financiera mundial está afectando con mucha intensidad a la economía productiva de bienes y servicios en la Comunitat Valenciana con un impacto indudable sobre el empleo que comienza a ser preocupante, con más de 332.000 personas inscritas en el SERVEF y un crecimiento acumulado del 59,27% en un año, muy por encima de la media de España y que puede empeorar en los próximos meses. En un primer momento, un número significativo de empresas rescinden los contratos temporales con la pérdida de puestos de trabajo menos visibles, mientras que muchas otras empresas clave del tejido industrial han presentado o anunciado procesos de reestructuración o cierres.
Por último, hay empresas que han tomado medidas temporales para reducir su capacidad de producción, lo que genera la expulsión del mercado de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de sus empresas auxiliares y expedientes de regulación de empleo, como lo ocurrido en el sector del automóvil, entre otros. Además, los datos de la construcción indican una situación de práctica paralización de la actividad durante el próximo año.
La brusca contracción en la concesión de créditos propiciada por una desconfianza generalizada en los mercados financieros está afectando asimismo a un número importante de empresas de todos los sectores que, pese a tener productos y mercados competitivos, ven como la falta de financiación puede poner en peligro su actividad y con ella el empleo que generan.
En este contexto de dificultades, hay un número elevado de empresas que aprovechan el ambiente social generado por la crisis económica para hacer reestructuraciones a costa del empleo que no tienen justificación desde un punto de vista económico y productivo. Además, esto coincide con la falta de medios de la administración autonómica en el área de trabajo que facilita en algunos casos estas actuaciones empresariales.
Los dos sindicatos mayoritarios hemos denunciado constantemente el modelo de crecimiento por el que el Gobierno Valenciano ha apostado, basado en actividades de escaso valor añadido, empleo precario y actuaciones especulativas, financieras y urbanísticas. A todo esto se suma una actitud de parálisis del gobierno valenciano, que no toma medidas eficaces y que obvia convocar la comisión de seguimiento del PAVACE II, solicitada por los sindicatos, para impulsar alternativas a esta crisis.
Delante de esta situación, la UGT-PV y CCOO-PV consideramos necesario dar una respuesta social y política contundente: por un lado, con la movilización social para impedir que sean los trabajadores y trabajadoras quienes acaben pagando las consecuencias de una crisis que no tiene su origen en el mercado de trabajo, sino en la explosión de una burbuja financiera e inmobiliaria, y, por otro lado, aportando propuestas de medidas políticas, económicas y sociales que contribuyan a resolver las causas que han provocado esta crisis.
Para hacer frente a esta situación exigimos:
El cumplimiento de los compromisos del PAVACE II.
A las empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo, que presenten proyectos industriales y planes de viabilidad de futuro, y que ante situaciones coyunturales no planteen medidas estructurales de rescisiones de contratos.
Al Gobierno de la Generalitat y al Gobierno Central más claridad y contundencia política para impedir estos comportamientos empresariales. Se debe dar una respuesta clara de rechazo a todos aquellos expedientes que no vayan acompañados de un plan industrial de futuro. Igualmente se requiere una intervención mas intensa con las entidades financieras.
Asimismo ambos gobiernos deben adoptar medidas que permitan a las empresas afrontar la crisis, especialmente a las pequeñas y medianas.
De igual manera se deben incrementar las inversiones en infraestructuras y en vivienda protegida, así como en la mejora de los servicios públicos, educación, sanidad y servicios de atención a la dependencia-
Se debe garantizar con carácter urgente que los recursos económicos puestos a disposición de las entidades financieras lleguen a las empresas y a las familias con transparencia y control público y social.
De la misma forma que el sector bancario y de las cajas de ahorro tiene su plan de gobierno, exigimos la creación de un plan de rescate de la industria con la implementación de ayudas a la competitividad y de créditos para facilitar liquidez, especialmente en aquellos sectores o territorios que padecen de manera directa la crisis, como puede ser el sector del automóvil y su sector auxiliar y otros sectores industriales o determinadas comarcas. Dicha actuación debe llegar a aquellas empresas que garanticen y creen nuevos puestos de trabajo acompañado de un plan industrial a medio y largo plazo. Los recursos han de llegar tanto de la inyección en el sector bancario como directamente desde la Generalitat. En este sentido, es preciso ampliar los recursos públicos (tanto desde el ICO como desde el IVF) para proteger y facilitar procesos de innovación.
Hay que garantizar la atención y la protección social a las personas que queden sin trabajo, reforzando las oficinas del SERVEF para atender a las personas en paro con programas de empleo y formación que les permita incorporarse a nuevas ocupaciones en sectores o empresas que generen empleo.
Hay que ampliar y coordinar los recursos de las administraciones locales, aportados por los dos Gobiernos, para hacer frente a los riesgos de exclusión social, mediante políticas de reinserción.
Por todo ello, acordamos iniciar un proceso de movilización que incluye la realización de asambleas en los puestos de trabajo, asambleas provinciales, convocatoria de concentraciones y la convocatoria de una manifestación en Valencia, Castellón y Alicante