La privatización de la sanidad del PP, Cotino y su familia

Familiares del conseller Juan Cotino podrían beneficiarse con la medida
La Generalitat Valenciana da un peligroso paso hacia la privatización de la Sanidad

La Generalitat Valenciana ha privatizado el servicio público de atención a domicilio, incumpliendo la Ley de Dependencia, que entró en vigor en 2007 y que respetan todas las Comunidades Autónomas. En este atisbo de privatización de la Sanidad, el Gobierno popular de Francisco Camps ha creado un registro, en la Conselleria de Bienestar Social, con 40 empresas a las que deberán acudir las personas que necesiten esta asistencia.
Tal vez la clave pueda estar en el hecho de que el conseller de Bienestar Social y vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, tiene dentro de su familia empresarios que son dueños de varias residencias en la Comunitat Valenciana y tal vez por ello ha llevado hasta las últimas consecuencias la medida. En el resto de Comunidades, como Aragón, Baleares, Canarias, Madrid, Murcia y Navarra estas prestaciones sólo se reciben en los servicios sociales municipales, que son las que las administran a sus usuarios, según denuncia Público. Se inclumple la LeyCon esta decisión, que plantea que el usuario recibirá un dinero para pagar el servicio, la Generalitat incumple la Ley de Dependencia, que entró en vigor en enero de 2007. Según esta norma, sólo "se incorporará la prestación económica de no ser posible la atención" en la red de servicios públicos y concertados, algo que no ocurre en esta Comunitat, como denuncian miembros de la propia Conselleria de Bienestar Social y grupos políticos. "El negocio" de la GeneralitatEl portavoz socialista de Bienestar Social en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, ha dicho que "el objetivo de la Conselleria es buscar el máximo negocio", y que pedirá en breve la comparecencia del conseller, Juan Cotino, para que explique "en qué se basa para ofertar esa ayuda, si esta ya existe en los ayuntamientos". La calidad no podrá supervisarseEl presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha denunciado que la calidad de los servicios privatizados no podrá ser ya supervisada. "No se puede dar un cheque para que la persona contrate un servicio y que luego este no se controle, porque se trata de un servicio público", critica. Mientras, la secretaria de Política Social de CC.OO en la Comunitat Valenciana, Eva Hernández, recrimina que no se aprovechen los servicios sociales municipales, que ya existen, para atender a las personas dependientes. "Han preferido dar ayudas económicas en lugar de prestar un servicio directo a los ciudadanos y como consecuencia, los servicios sociales municipales cada vez tienen menos recursos”, lamenta. "Saldrá más caro" que la asistencia públicaIncluso los líderes sindicales han mostrado su temor de que el modelo de privatización "salga más caro" que la prestación que dan actualmente los servicios sociales de los ayuntamientos, desde antes de que entrara en vigor la Ley de Dependencia, apunta la secretaria de Políticas de Igualdad de UGT en la Comunitat Valenciana, Rosaura Pérez. El problema se agrava porque la Generalitat aún no ha adaptado a su normativa los requisitos para acreditar a los centros que prestan las ayudas a la dependencia, tal como acordaron las comunidades y el Ministerio en noviembre.

Fuente: www.elplural.com