NO HAY DERECHO. ESTO ES RACISMO INSTITUCIONAL
Valencia cobrará a los ´sin papeles´ frente a la insumisión de 4 autonomías
El conseller de Sanidad, Luis Rosado, refrendó ayer nuevamente la decisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de que los que "no tengan tarjeta sanitaria, deberán abonar la asistencia", aunque la titular asegure que "nadie va a quedar desatendido" en los centros sanitarios. En esos mismos términos se pronunció ayer el responsable valenciano al declarar que quienes no tengan derecho a cobertura sanitaria gratuita "se les deberá facturar por ello", aunque luego, al igual que Mato, lo quiso arreglar diciendo que "todas las personas tienen garantizada la asistencia".
Estas declaraciones de ambigüedad de ambos políticos -"no les faltará la asistencia, pero tendrán que pagarla si no tienen recursos"- fueron abiertamente replicadas por los titulares de sanidad de cuatro comunidades autónomas: País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias que manifestaron su rechazo a las políticas "regresivas" que en materia de Sanidad está desarrollando el Gobierno del PP y que entrarán en vigor el próximo sábado al suprimir las tarjetas sanitarias de los sin papeles.
En un comunicado conjunto difundido desde el Gobierno Vasco, los responsables de Sanidad de estas cuatro autonomías han explicado que no han asistido a la reunión "informal" convocada por Castilla y León y celebrada en Valladolid, a la que se ha sumado el Ministerio de Sanidad, porque no respaldan decisiones como "la de retirada de medicamentos del sistema de financiación pública" (417 a partir del sábado) y a la "implantación de un sistema de aseguramiento, ya superado en España, que deja fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles y extranjeros que residen en España".
Restricción de derechos básicos
Los cuatro consejeros han expresado su rechazo a "todas las medidas que vayan en contra de mantener los principios de universalidad de la atención y cohesión del sistema territorial", y han advertido de que la solución a la actual situación de retracción económica no pasa por imponer un modelo económico y social basado en la restricción de derechos fundamentales básicos como la sanidad, ni por privatizar la cobertura de los servicios públicos.
A la reunión de Valladolid asistieron los consejeros de Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Comunitat Valenciana y Castilla y León.
La ministra declaró que el seguimiento de los enfermos crónicos extranjeros sin cobertura asistencial y sin residencia legal en España está garantizada, aunque no explicó cómo. "Nadie va a quedar desatendido, pero el que no sea titular de la tarjeta sanitaria deberá abonar dicha asistencia tal y como estaba previsto en la Ley General de Sanidad de 1986", apuntó. Fuentes consultadas por Levante-EMV negaron ayer que el citado texto legal recoja ese extremo. La ministra ha afirmado que estas medidas van a servir para "poner freno al turismo sanitario", que según el Tribunal de Cuentas cuesta a España cada año más de mil millones de euros.
Noticia publicada en www.levante-emv.com