Con medio millón de parados registrados en la Comunidad Valenciana, el vicepresidente segundo y consejero de Economía, Gerardo Camps, llevó ayer a las Cortes unos presupuestos de la Generalitat para 2011 que difícilmente servirán para luchar contra el desempleo. El propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reconoció ante el pleno de la Cámara que la previsión es crear "5.400 puestos de trabajo netos el año que viene". O dicho de otra manera, el Consell no cree probable, a un año vista, que se pueda bajar del medio millón de parados. Pese a todo, Camps insistió en que "la Comunidad Valenciana será la primera en salir de la crisis".
El dato desvelado por el jefe del Consell obligó a la bancada popular a contener el aliento, mientras la diputada de Compromís Mireia Mollà en su turno de interpelación a Camps exclamaba: "Nos acaba de hundir en la mayor crisis de la historia. ¿Con los presupuestos de la Generalitat de 2011 se van a crear 5.400 puestos de trabajo? ¡Pues váyase ya!".
Camps intentó enmendar la situación responsabilizando al Gobierno socialista y argumentó que si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, convocara elecciones anticipadas la creación de empleo se podría multiplicar hasta cuatro. Los datos oficiales son más tozudos. La Comunidad Valenciana tiene una tasa de paro de casi cuatro puntos superior a la media española.
En este contexto, el Consell, que ayer llevó a las Cortes las cuentas de 2011 para su tramitación parlamentaria, son las más restrictivas de la historia de la Generalitat. El gasto previsto en 2011 para la Administración valenciana es de 13.714 millones de euros, un 4,7% menos que lo estimado para este año. Si se incluyen las empresas y organismos autónomos de la Generalitat, la cifra se eleva hasta los 16.015 millones de euros, una cantidad inferior en un 4,2% a la de este ejercicio.
Las crisis -que hará retroceder la economía valenciana un 0,3% este año según el propio Consell-, la insuficiente financiación autonómica y una deuda galopante que ha hecho crecer un 16,6% la partida destinada a pagar intereses bancarios, dificulta el acceso a nuevos préstamos y acotan la columna de ingresos de la Generalitat.
En los gastos, el Consell se convierte en rehén de su propia política de grandes eventos y la gestión alegre de los años de bonanza económica. La práctica totalidad de las consejerías contará con menos dinero el año que viene, incluidas las de Educación y Sanidad, que reducen su presupuesto un 3,6%. Bienestar Social se salva por la campana y crece un 0,1%, gracias fundamentalmente a la extensión de las coberturas de la ley de Dependencia.
En este contexto, el dinero destinado a atender el problema del paro se incrementa un 2%. El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) contará en 2011 con 494 millones de euros y consumirá un 13,85% de los recursos que gastarán las empresas públicas de la Generalitat.
La comparación con otras partidas es, simplemente, odiosa. La empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias gastará en el mismo ejercicio 409 millones de euros, un 11,46% del dinero del sector público valenciano.
En previsión de las críticas, tanto el presidente de la Generalitat como su consejero de Economía recalcaron ayer que el consejo general del Servef, donde están representados los agentes sociales, votaron afirmativamente a favor de los presupuestos de este organismo autónomo encargado de facilitar la inserción laboral. Un pronunciamiento, insistieron, que sustituye a la abstención de ejercicios anteriores. Conocedor de las carencias de los presupuestos de 2011, el jefe del Consell rebuscó entre las líneas presupuestarias para intentar convencer a los diputados de que su prioridad es la lucha contra el paro. Así, Camps enfatizó el incremento de la partida destinada a poner en marcha casas y escuelas taller y la introducción de una nueva subvención dirigida a los desempleados que se contraten para regenerar bosques afectados por los incendios.
El presupuesto elaborado por el Consell opta, además, por sacrificar en 2011 la inversión pública, que cae un 12% respecto al año en curso. Un descenso que Gerardo Camps intenta enjuagar con 625 millones de euros de una partida extrapresupuestaria del fondo de inversión local del Plan Confianza.
De hecho, los populares optan por menguar la inversión productiva a cambio de no aumentar la presión fiscal. La decisión del Gobierno de Francisco Camps se traduce en la renuncia a recaudar 1.587 millones de euros por impuestos de sucesiones, donaciones y otros incentivos fiscales.
Una decisión que obliga a la Generalitat a poner a la venta parte del patrimonio -las sedes de las consejerías de Industria, Bienestar Social y Agricultura, un gran solar en la Ciudad de las Ciencias, etc.- con el objetivo de recaudar cerca de 393 millones de euros y cuadrar unas cuentas que se cerrarán, en principio, con un déficit del 1,3%.
