El fiscal pide 15 años para Fabra por cohecho y fraude a Hacienda
El PP tiene un nuevo (o no tanto) motivo del que preocuparse en la Comunidad Valenciana: la Fiscalía Anticorrupción anunció ayer que pedirá 15 años de cárcel y una multa de 2,3 millones para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al que se le imputan cinco delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y cohecho. La decisión llega apenas dos semanas después de que otro tribunal de la comunidad imputase al presidente de la Diputación de Alicante, el también conservador José Joaquín Ripoll, por cinco delitos vinculados a la adjudicación de los servicios de basura en la Vega Baja alicantina.
A esto hay que sumar que el propio presidente autonómico, Francisco Camps, así como algunos de sus más estrechos colaboradores están esperando noticias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ha reabierto el caso de los trajes, basado en un supuesto delito de cohecho impropio por las relaciones que mantuvieron miembros del Gobierno valenciano y la red de corrupción conocida como trama Gürtel.
En lo que concierne a Fabra, hace más de cinco años que un juzgado de Nules (Castellón) se hizo cargo de la denuncia presentada por Vicente Vilar, el exsocio del presidente de la diputación. Vilar, que es propietario de las compañías Naranjax, Industrias Químicas Arcavi y Artemis 2000 (dedicadas a la elaboración de productos fitosanitarios), acusó a Fabra y otros altos cargos del Gobierno de José María Aznar de haber cobrado comisiones millonarias a cambio de favores políticos. Se cree que gracias a dichas comisiones, Fabra y su exmujer, Amparo Fernández –para la que se solicitan ocho años de prisión y 1,1 millones de multa–, acumularon un patrimonio que no se correspondería con el declarado a Hacienda, entidad a la que se calcula que el matrimonio llegó a defraudar más de 1,5 millones.
PERIPLO JUDICIAL / Este caso parecía condenado a no desenmarañarse jamás, dado que ha vivido un periplo en un pequeño juzgado por el que han pasado, desde el 2005, nueve jueces instructores y cuatro fiscales. Pero la fiscalía ha dado ya el paso de pedir condenas para Fabra y su exmujer, así como para el empresario Vilar y su esposa, Montserrat Vives. Pronto habrá juicio. Y otro quebradero de cabeza para Rajoy.
A esto hay que sumar que el propio presidente autonómico, Francisco Camps, así como algunos de sus más estrechos colaboradores están esperando noticias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ha reabierto el caso de los trajes, basado en un supuesto delito de cohecho impropio por las relaciones que mantuvieron miembros del Gobierno valenciano y la red de corrupción conocida como trama Gürtel.
En lo que concierne a Fabra, hace más de cinco años que un juzgado de Nules (Castellón) se hizo cargo de la denuncia presentada por Vicente Vilar, el exsocio del presidente de la diputación. Vilar, que es propietario de las compañías Naranjax, Industrias Químicas Arcavi y Artemis 2000 (dedicadas a la elaboración de productos fitosanitarios), acusó a Fabra y otros altos cargos del Gobierno de José María Aznar de haber cobrado comisiones millonarias a cambio de favores políticos. Se cree que gracias a dichas comisiones, Fabra y su exmujer, Amparo Fernández –para la que se solicitan ocho años de prisión y 1,1 millones de multa–, acumularon un patrimonio que no se correspondería con el declarado a Hacienda, entidad a la que se calcula que el matrimonio llegó a defraudar más de 1,5 millones.
PERIPLO JUDICIAL / Este caso parecía condenado a no desenmarañarse jamás, dado que ha vivido un periplo en un pequeño juzgado por el que han pasado, desde el 2005, nueve jueces instructores y cuatro fiscales. Pero la fiscalía ha dado ya el paso de pedir condenas para Fabra y su exmujer, así como para el empresario Vilar y su esposa, Montserrat Vives. Pronto habrá juicio. Y otro quebradero de cabeza para Rajoy.
Noticia publicada en www.elperiodico.com
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